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XI reunión de la Cumbre Social: “Un año en defensa de la Democracia y el Estado del Bienestar”

El Secretario General Confederal de la USO, Julio Salazar, se ha manifestado con contundencia al rechazar “de plano” el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014 que acaba de presentar en el Congreso de los Diputados el Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro. Las razones esgrimidas por Julio Salazar son que los presupuestos “consagran el principio de la austeridad y el ajuste duro sin ningún tipo de concesión a políticas de estímulo y crecimiento que permitan acabar con la precarización generalizada de las condiciones de vida de la mayoría de la población”. En este sentido ha asegurado que las cuentas del Gobierno “no hacen atisbar la salida de la crisis aunque sí de la recesión, pero nos abocan a un escenario de estancamiento empobrecedor”

Julio Salazar ha apuntado también otro factor determinante para no estimar positivamente la acción del Gobierno como es el proyecto de reforma del Sistema Público de Pensiones que es “injusto por recortar el poder adquisitivo presente y futuro de los pensionistas y contrario al espíritu y la letra del artículo 50 de la Constitución que consagra el principio de la suficiencia de las pensiones públicas”.

 

Por todo esto junto a las decisiones políticas adoptadas en los últimos dos años, Julio Salazar ha hecho un llamamiento a la oportunidad de revitalizar el espacio de reflexión, debate y movilización que constituye la Cumbre Social, al tiempo que ha apostado por la “unidad de acción aunque no siempre todos coincidan en todos los planteamientos”.

Estas declaraciones se han efectuado en el transcursos de una rueda de prensa en la que los Secretarios Generales de la USO, UGT y CCOO, Julio Salazar, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo y la Presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Boti García Rodrigo, han hecho balance del primer año de existencia de la Cumbre Social que celebra en esta jornada su XI reunión bajo el lema “Un año en defensa de la Democracia y el Estado del Bienestar”.

Durante la tarde, los miembros de la Cumbre Social van a debatir las acciones y movilizaciones a efectuar consecuencia del diagnóstico de la situación de España y como fechas más próximas de compromiso colectivo figuran y se debaten las siguientes citas:

.- 7 de octubre: Día Mundial por el Trabajo Decente.
.- 17 de octubre: Jornada Mundial contra la Pobreza
.- Mediados de noviembre, en fecha aún por determinar, movilizaciones a escala europea, si así lo aprueba la Confederación Europea de Sindicatos en su próxima reunión, en contra de la fracasada austeridad, los recortes y a favor de las políticas de estímulo. En cualquier caso, si la CES no convocara una acción global, las movilizaciones se llevarían a cabo en España convocadas por la Cumbre Social.

La XI edición de la Cumbre Social está debatiendo todo esto y repasando la historia reciente de sus 10 encuentros precedentes y las acciones llevadas a cabo hasta ahora. Desde que el 25 de julio de 2012 celebrara su plenario constituyente con asistencia de 200 personas en representación de 160 organizaciones sindicales, profesionales, sociales y culturales, la Cumbre no ha dejado de participar en el debate y la movilización en defensa de los derechos laborales, sociales y democráticos de la sociedad española

Han pasado 14 meses desde la constitución de la Cumbre Social y desde entonces se han celebrado diez plenarios, algunos de ellos de carácter monográfico, y ha participado y/o convocado distintas movilizaciones para rechazar las medidas económicas y sociales del Gobierno, defender los servicios públicos y reclamar otras políticas más justas y equilibradas para salir de la crisis.

El 25 de julio de 2012, en Madrid, doscientas personas en representación de 160 organizaciones comenzaban a responder al Gobierno que desde el principio de la Legislatura colocó en el punto de mira los derechos de la ciudadanía, especialmente de la población asalariada, y abordó como gran prioridad de su acción política la reducción del gasto social, lo que agravó aún más la ya insoportable situación de personas en paro, inmigrantes, dependientes y afectados/as por la exclusión social, medidas que a finales del primer trimestre de su gestión, el 29 de marzo, merecieron la convocatoria de una huelga general.

La Cumbre Social venía a ensanchar el territorio de la iniciativa reivindicativa, la reflexión, el debate y la movilización contra unas políticas obsesionadas con atacar el déficit público a costa exclusivamente de vulnerar los derechos sociales, laborales y democráticos. Las ideas, grupos y personas que provocaron la crisis, la misma que utiliza como coartada este gobierno, son los que deciden la agenda pública y las políticas que se aprueban. La complicidad del Ejecutivo con estos grupos se traduce en sucesivos paquetes de medidas políticas y económicas, de cuyas nefastas consecuencias únicamente se libran las élites económicas y financieras. Se eliminan derechos, se destruye masivamente empleo, crece el paro y se deterioran sensiblemente los servicios públicos a golpe de privatizaciones y pérdida de recursos humanos y económicos. Buena parte de estos recursos se transfieren a la iniciativa privada (sanidad, educación, políticas sociales), erosionando un sistema de protección social, ya de por sí muy insuficiente.

La situación seguía empeorando y el 10 de septiembre de 2012, la Cumbre Social celebra su segundo plenario centrado en la ratificación de la propuesta sindical de una masiva respuesta ciudadana a las políticas del Gobierno, que finalmente se concreta en una multitudinaria Marcha a Madrid, el 15 de septiembre, bajo el lema “Arruinan el país. Lo tienen que pagar. Vamos. Esta marcha complementaba la fuerte y diversa movilización ciudadana en calles y plazas contra las mismas políticas, a la vez que se denuncian con fuerza la corrupción y los malos usos de algunos gobiernos, lo que está dejando bajo mínimos la relación entre ciudadanía e instituciones públicas. La Cumbre Social asume también esta lucha por la transparencia y contra la corrupción.

La movilización no cesa. El 22 de octubre de 2012 tiene lugar una nueva marcha contra los recortes y en defensa de la educación pública. En julio la marcha de varios centenares de mineros llega a Madrid y es recibida por decenas de miles de personas. Y paralelamente se producen varias manifestaciones contra la pérdida de empleo público y una semana de lucha en la educación.

El 1 de octubre, la 3ª reunión de la Cumbre Social analiza la marcha del 15 de septiembre, se convocan nuevas manifestaciones para el 7 de octubre, coincidiendo con la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, se activa una recogida de firmas para la convocatoria de un referéndum, cuya Comisión Promotora se constituye en un acto público el 15 de octubre, y se inicia una primera reflexión sobre la posibilidad de una huelga general, iniciativa que corresponde madurar y concretar al movimiento sindical.

El 19 de octubre, se celebra la 4ª reunión de la Cumbre, que decide sumarse a la convocatoria de los máximos órganos de dirección de la USO, CCOO y UGT de una nueva huelga general para el 14 de noviembre, bajo el lema Nos dejan sin futuro. Hay culpables, hay soluciones. Las organizaciones de la Cumbre Social hacen suyas las demandas sindicales y proponen ampliar el perfil laboral de la convocatoria con una mayor implicación de la ciudadanía en barrios, familias, sectores profesionales y mundo de la cultura. La huelga contó con un notable seguimi
ento y la manifestación de la tarde que cerró la jornada de movilización fue masiva.

El Gobierno sigue mostrando su intransigencia e inmovilismo, y solo parece moverse a las órdenes de las autoridades comunitarias y de las instituciones financieras internacionales. Sigue empeñado en cuadrar el ajuste, sacrificando los derechos de la inmensa mayoría de la sociedad. Le obsesionan los indicadores macroeconómicos e ignora a las personas, muchas de ellas sin empleo y al borde la exclusión social. Mientras tanto bancos y cajas de ahorro siguen recibiendo ayudas millonarias de la Unión Europea como premio a su desastrosa gestión. El resultado es claro: miles de trabajadores y trabajadoras de las entidades financieras pierden su empleo o se ven abocados a una jubilación anticipada; y la mayoría de la sociedad pagará el dinero prestado a la banca con nuevos ajustes y menos derechos.

En ese contexto, tiene lugar la 5ª Cumbre Social, el 10 de diciembre, que debate la situación de la economía y de los servicios públicos y que decide apoyar las movilizaciones sectoriales y territoriales en defensa del Estado social (manifestación por la educación pública el 13 de diciembre), e impulsar para el 17 de diciembre una jornada de manifestaciones y actos contra la decisión del Ejecutivo de no revalorizar las pensiones -lo que significará una pérdida de poder adquisitivo-, el recrudecimiento de los ERE, las privatizaciones y la falta de protección al desempleo. Con un seguimiento desigual, las manifestaciones se desarrollan y expresan la voluntad de la Cumbre de mantener abierto el conflicto social con el Gobierno.

El año 2013 se inicia como terminó el 2012, pero entrando en escena nuevos conflictos y reivindicaciones. El 12 de febrero la 6ª Cumbre Social reflexiona acerca de la insoportable tasa de paro, la corrupción y los desahucios. La Cumbre valora el buen trabajo y la firme oposición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca a los desahucios, que en algunos casos logra paralizar, y cuya actividad consigue despertar el apoyo de buena parte de la sociedad, y lo que es más importante, alterar los planes del Gobierno que, no obstante, tras algunos gestos parlamentarios, no es capaz de rematar, volviendo a ignorar las principales demandas de la PAH. La Cumbre se compromete a debatir el problema de la vivienda en España y los desahucios en una sesión monográfica.

Dos semanas más tarde, se reúne la 7ª Cumbre Social para concretar su apoyo y participación en la jornada de manifestaciones contra el paro y por la regeneración de la democracia convocada para el 10 de marzo, y que tiene lugar con la presencia de decenas de miles de personas en todo el país. Igualmente, la Cumbre analiza otras movilizaciones, muchas de cuyas reivindicaciones comparte, y a las que anima a participar.

El 20 de marzo, el plenario de la 8ª Cumbre Social cumple el compromiso asumido en la reunión de la 6 Cumbre y debate en sesión monográfica la situación de la vivienda y los desahucios en nuestro país con distintas ponencias de personas expertas en la materia, entre ellos un representante se la PAH. El debate se cierra con varios acuerdos y destaca la petición unánime de las organizaciones de la Cumbre a los grupos parlamentarios para que apoyen la Iniciativa Legislativa Popular que exige la dación en pago. Se pretendía evitar que ciertos movimientos simulados del Partido Popular y del Gobierno creasen expectativas infundadas y no cumplieran la petición expresa de la dación en pago.

Una nueva sesión monográfica de la 9ª Cumbre Social aborda el 25 de abril de 2013 la reforma de la Administración Local presentada por el Ejecutivo, orientada a limitar la intervención de los ayuntamientos en la solución de los problemas que le son propios, y a convertirlos en simples oficinas administrativas. La Cumbre Social alertó sobre las consecuencias de esta reforma no solo en lo que afecta a la autonomía municipal, sino a la propia calidad de la democracia, si tenemos en cuenta que las instituciones locales son las más cercanas a la ciudadanía y las que mejor pueden concretar su participación en las decisiones que les afectan. La Cumbre hizo un llamamiento a la participación en las manifestaciones del 1 de mayo y en la nueva huelga general convocada en el ámbito educativo para el 9 de mayo. Fue el análisis de estas dos jornadas el motivo de la 10ª Cumbre Social que se celebró el 4 de junio y que volvió a rechazar los recortes producidos en la enseñanza pública, reiterando todo su apoyo a la comunidad educativa.

El compromiso futuro de la Cumbre Social

Con este 11º plenario que celebramos el 30 de septiembre, la Cumbre Social retoma su actividad y su compromiso con la situación social y económica del país. El pasado 13 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó una nueva reforma de las pensiones que recorta su poder adquisitivo al descartar el IPC como indicador de referencia para su actualización retributiva, a la vez que precipita la utilización del llamado factor de sostenibilidad a 2019, obsesionados con intervenir exclusivamente en la reducción del gasto sin propiciar iniciativas para reforzar y aumentar los ingresos del sistema. La Cumbre muestra su disposición a participar en las jornadas de movilización que puedan convocarse para rechazar esta reforma y exigir su retirada. A todo esto hay que añadir el permanente deterioro de los servicios públicos como consecuencia de su progresiva privatización, la citada reforma de las administraciones locales o la inaplazable regeneración de la democracia con medidas contundentes para acabar con la corrupción, la reforma de la ley electoral y una ley de transparencia más ambiciosa y eficaz que la aprobada por el pleno del Congreso de los Diputados el 12 de septiembre y que empiece por comprometer a las fuerzas políticas sobre su financiación, que debe ser esencialmente pública y procedentes de las cotizaciones de su afiliación.